Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los favorecidas por los gobiernos Federal y del Estado de México.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a proteger y salvaguardar los derechos y cultura indígenas que conforman este país; Xochicuautla ha generado una argumentación hasta el momento inédita en México con fundamentación jurídica nacional e internacional [...], el hecho de que la Corte ratifique que los pueblos indígenas tienen primacía de derecho ante cualquiera cuando se trata de proteger sus territorios y cultura será un procedente histórico que ayudará a evitar una cantidad innumerable de violaciones a derechos humanos”, denunciaron los opositores a la obra.
A través de su Consejo Supremo Indígena Otomí y sus Delegados, las autoridades indígenas dijeron que se trata de “un desafío jurídico contra la Presidencia de la República argumentando detentar mayores facultades legales en materia de su propio territorio y recursos naturales que cualquier otra autoridad del país”.
El Consejo informó mediante un comunicado de prensa que la demanda será entregada el lunes 12 de octubre por lo que hizo un llamado a las representaciones de otros pueblos indígenas así como a organizaciones solidarias para que los acompañen “en este acto reivindicatorio de la defensa de los derechos indígenas en este país”.
A decir de la comunidad indígena se puso a determinación de la Suprema Corte una discusión jurídica y social en este país: “No existe autoridad alguna que tenga mayores facultades en materia de territorio y bienes naturales que la propia autoridad indígena de cada uno de los pueblos indígenas en su propio territorio que conforman nuestra nación pluricultural”.
El pueblo otomí refirió que recurre al máximo tribunal de justicia del país tras verse “arrinconado por una cerrazón política de todas las instancias de gobierno estatal y el Ejecutivo federal para suspender de forma definitiva la autopista privada de cuota Naucalpan Toluca”.
Dijeron que de construirse este proyecto implicaría una grave afectación al patrimonio cultural “sin soslayar el grave impacto ambiental, sobre todo en lo que se refiere a la recaudación del agua que se vería afectada en el Bosque Otomí-Mexica también conocido como Santuario del Agua”.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
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